Séneca pronunció la frase «nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía». Parece mentira que dos mil años después siga de actualidad.
La Justicia en España es lenta, diría más, irritablemente lenta. No sabría decirles las razones de su lentitud, pero la excesiva litigiosidad y la escasez de recursos en algunas jurisdicciones son algunas de las principales causas.
Para tratar de remediar la situación de colapso que se vive actualmente surge la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Entre otras medidas crea los Tribunales de Instancia, que integrarán los juzgados unipersonales en una estructura colegiada por partido judicial para reducir los más de 3.800 juzgados de primera instancia existentes a 431 Tribunales de Instancia. La idea es promover una distribución más equitativa de las cargas de trabajo, la uniformidad en los criterios judiciales y la especialización. Los tribunales de instancia estarán asistidos por la oficina judicial, cuya actividad se desarrollará a través de unidades de tramitación y servicios comunes procesales. Coincidiendo con la fecha de constitución de cada Tribunal de Instancia, los Juzgados de Paz se transformarán en Oficinas de Justicia en los municipios.
Habrá un tribunal de instancia por cada partido judicial, conformado, como mínimo, por una sección única, de civil e instrucción, o por una sección civil y otra sección de instrucción, además de poder complementarse con las siguientes secciones: de Familia, Infancia y Capacidad: de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer; de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia; de lo Penal; de Menores; de Vigilancia Penitenciaria; de lo Contencioso—Administrativo.
Una de las novedades más relevantes de la norma es la introducción de un requisito de procedibilidad que obliga a las partes a usar medios adecuados para la solución de controversias (MASC) con el fin de fomentar la negociación entre las partes. Se excluye su aplicación en materia laboral, penal y concursal, así como los asuntos de cualquier naturaleza, con independencia del orden jurisdiccional ante el que deban ventilarse, en los que una de las partes sea una entidad perteneciente al sector público.
Otra gran novedad es la digitalización definitiva de la Administración de Justicia, si bien requiere la necesaria dotación presupuestaria que dependerá de las comunidades autónomas.
La inteligencia artificial como posible solución
Dudo que alguien conozca la solución definitiva a la lentitud del sistema judicial, pero quizá el uso de la inteligencia artificial puede servir para agilizar la carga de trabajo. Los algoritmos pueden ayudar a reducir la burocracia, realizando labores cotidianas y repetitivas. También pueden actuar como asistentes del Juzgador.
La Unión Europea dio los primeros pasos en la senda de la aplicación de la inteligencia artificial a la Administración de Justicia con la Carta ética europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno, adoptada por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia en diciembre del año 2018. El texto está dirigida a empresas que operan prestando servicios legales en el mercado de nuevas tecnologías y a los actores públicos responsables de su diseño y despliegue.
El ministro polaco de Justicia, Zbigniew Ziobro, defendió que el uso de la inteligencia artificial «no es una opción, sino una necesidad» y que «en casos simples y repetitivos, los sistemas de inteligencia artificial pueden facilitar la selección del mejor curso de acción, e incluso emitir la sentencia y su justificación». Ziobro afirmó que la inteligencia artificial «puede ayudar a identificar los hechos que son cruciales para la resolución del caso» y que «también permite encontrar rápidamente fallos y puntos de vista legales relevantes para el caso». El ministro sostuvo que «así, los jueces pueden dedicarse solo a las partes más difíciles en los que el ser humano es insustituible».
Estonia, uno de los referentes mundiales en la digitalización de la Administración pública, quiere que los pleitos de cuantía inferior a 7.000 € se resuelvan por la inteligencia artificial. Si alguna de las partes disiente con el resultado siempre podrán presentar un recurso de apelación ante un juez humano.
Recientemente, la Oficina Judicial del Reino Unido abrió la puerta al uso de ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial en la redacción de sentencias y fallos de cualquier otro tipo. En concreto, lo hizo mediante la publicación de una guía de uso publicada en su sitio web oficial. Este organismo es el responsable de supervisar la actividad de jueces y magistrados de los tribunales de Inglaterra y Gales.
En Estados Unidos, concretamente, en Ohio han incorporado Modria para resolver en línea las apelaciones formuladas ante la Junta de Apelaciones Fiscales de Ohio. En California usan Modria para resolver en línea disputas sobre asuntos de familia (pensiones, custodias).
Modria fue creado por Colin Rule para resolver las disputas en línea en eBay y PayPal. Otras grandes plataformas como Alibaba, AirBNB o Uber tienen sistemas similares de resolución de disputas en línea (ODR).
China también ha incorporado la inteligencia artificial en el enjuiciamiento de determinados delitos, por ejemplo, en los Tribunales de Internet que resuelven disputas legales sobre asuntos digitales (operaciones en red, comercio electrónico y propiedad intelectual). China quiere ampliar el uso de la inteligencia artificial en sus tribunales ordinarios, por ejemplo, para delitos de robo, fraudes con tarjetas y conducción temeraria. La primera experiencia de China se remonta al año 2004 en Shandong con el «Xiao fa», cuya traducción al español seria «derecho pequeñito». Se empleó para la resolución de asuntos penales (hasta 100 delitos).
Varios países de América Latina llevan años avanzando en esta solución para agilizar la Administración de Justicia. Les pongo por caso Colombia que cuenta con PretorIA, un sistema de inteligencia artificial que busca mejorar el proceso de selección de tutelas en la Corte Constitucional. El algoritmo puede clasificar las sentencias de tutela de los jueces de instancia, buscar información relevante en los expedientes para el proceso de selección, realizar resúmenes no narrativos sobre las categorías detectadas y generar información estadística sobre el uso de la tutela en el país.
Colombia también cuenta con SIARELIS (Sistema con bases de Inteligencia Artificial para la Resolución de Litigios Societarios) que se pone al servicio del Juzgador y de las partes para ayudarles a explorar soluciones en la resolución de conflictos en el ámbito societario. Haciendo clic aquí pueden encontrar un vídeo explicativo sobre su funcionamiento.
Otro ejemplo de inteligencia artificial aplicada a la Administración de Justicia es VICTOR. Este sistema se lanzó en el año 2018 para el Supremo Tribunal Federal de Brasil y permite analizar el texto de miles de recursos, señalando aquellos que cumplen el requisito de «repercusión general» y clasificándolos por diferentes criterios: relevancia jurídica, política, social o económica. Este sistema también es capaz de ubicar documentos procesales en el acervo de la Corte.
En la Corte Constitucional de Colombia, Pretoria ha conseguido una reducción del tiempo destinado a la selección de casos urgentes de 96 días a dos minutos. Siempre con supervisión humana, el sistema determina el rango de prioridad de cada expediente, generando hasta 14 de los documentos necesarios en 16 minutos, lo que llevaría 2,40 horas a un funcionario experimentado. En este vídeo nos muestran el funcionamiento técnico del que aseguran es el primer sistema de inteligencia artificial predictivo utilizado en un máximo tribunal judicial del mundo.
Más ejemplos: PROMETEA que nació en el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de Buenos Aires (IALAB) con la colaboración del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este sistema funciona mediante un chat conversacional. Por el momento, analiza infracciones menores, procedimientos de tráfico y políticas sociales, como la gestión de subsidios.
El Gobierno de España ha mostrado interés en PROMETEA. En octubre de 2019, responsables de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia visitaron las oficinas del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de conocer el sistema. La ventaja del algoritmo de PROMETEA es que es abierto, auditable y trazable. La valoración de las autoridades españolas fue positiva.
En Argentina, los poderes judiciales de las provincias de Río Negro, San Luis y San Juan han aprobado protocolos para el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en el ámbito judicial, con los que pretenden promover la aplicación de este tipo de tecnologías de manera ética y responsable. Dichos protocolos establecen que magistrados, funcionarios y empleados judiciales pueden emplear modelos como ChatGPT, Gemini y Copilot, entre otros, bajo estrictas directrices y con autorización previa.
Otro avance en Argentina lo representa el Proyecto Hodor que se presenta como un asistente semiautomático para facilitar el trabajo en la Justicia Nacional en lo Civil. Si quieren saber más sobre los avances en esta materia en Argentina hagan clic aquí.
La aplicación de la inteligencia artificial en España
El uso de la inteligencia artificial en nuestro país no es algo extraño.
Desde hace años, la Agencia Tributaria viene usando algoritmos en la lucha contra el fraude fiscal. Los servicios de Inspección de Trabajo y Seguridad Social los emplean en labores de inspección. También se utilizan algoritmos en la lucha contra la violencia de género a través del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).
La Consejería de Justicia de Cataluña puso en marcha, en el año 2009, una herramienta algorítmica, llamada RisCanvi, capaz de valorar el riesgo de comisión delictiva en base a 43 parámetros o variables (por ejemplo: si el interno es hombre o mujer, si es joven o mayor, si es la primera vez que está en prisión, si tiene buena conducta, el tiempo de condena, si tiene trastornos mentales, si tiene familia, si ha recibido visitas durante el internamiento, etc.). El algoritmo determina si el recluso tiene un riesgo alto, medio o bajo de reincidencia. Las estadísticas de su implantación muestran que la fiabilidad de las predicciones de reincidencia pasaron del 67 % con criterios analíticos únicamente humanos al 75 % con el algoritmo. No obstante, el sistema ha sido discutido. Existen voces críticas que entienden que los factores analizados por el algoritmo están demasiado ligados a la realidad social de los reclusos y ahondan en su exclusión.
El impacto ético de las herramientas algorítmicas como RisCanvi es inevitable, en la medida en que la elaboración de un perfil penal de una persona y una supuesta decisión automatizada consecuente puede impactar en derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de trato. No hay sistemas perfectos, esa es la realidad, como tampoco las decisiones humanas son perfectas. La cuestión está en ponderar todas las variables para alcanzar un resultado justo.
Otro ejemplo de inteligencia artificial aplicada en el ejercicio de los poderes públicos es VeriPol. La herramienta está disponible en todas las comisarias de la Policía Nacional y se emplea para detectar denuncias falsas, relacionadas con los delitos de hurto y robo. Analizando el lenguaje de la denuncia, el algoritmo indica la probabilidad de que esta no sea verdad. El proyecto se inició en el año 2014, participando el Ministerio del Interior y las Universidades Complutense de Madrid, Carlos III de Madrid y La Sapienza de Roma. El sistema ha recibido críticas, por un lado, porque su uso requiere formación, y no todos los agentes han recibido ese entrenamiento y, por otro, el algoritmo podría buscar palabras específicas que se usan en determinadas grupos demográficos, dando lugar a discriminaciones. También se emplea la inteligencia artificial, con cierto éxito, en la eliminación de antecedentes penales
El Gobierno de España, tras observar lo que hacen otros países, está trabajando en una inteligencia artificial propia según fuentes del Ministerio de Justicia.
Los cambios técnicos vienen acompañados de cambios legislativos introducidos en el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
En mayo de 2023, la Comunidad Autónoma de Madrid anunció la progresiva digitalización del Juzgado de Primera Instancia nº 101 Bis especializado en productos bancarios. De acuerdo a la memoria 2022 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dicho juzgado, especializado en cláusulas abusivas, tuvo una entrada de 7.350 demandas, se señalaron 14.342 vistas y se dictaron 12.628 sentencias, habiéndose resuelto un total 14.736 procedimientos y quedando pendientes 60.974 asuntos, que se esperan agilizar con la digitalización.
Conclusiones
Llegados a este punto, hago mías las conclusiones del profesor Ronald Cárdenas Krenz, publicadas en la Revista Justicia & Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, en su artículo Jueces robots. Inteligencia Artificial y Derecho:
«La contribución de la inteligencia artificial en el campo del Derecho es, sin lugar a dudas, invaluable, tiene un enorme campo para expandirse y ha llegado para quedarse. Ciertamente, puede ser muy útil para el desarrollo y la administración de los procesos legales, dándoles celeridad, predictibilidad y objetividad, además de una mayor transparencia y un mejor manejo de la información. Sin embargo, no debemos perder de vista que el empleo de programas o plataformas siempre requerirá de la presencia del ser humano, de su lógica, criterio, sentido común y, varias veces, de su sensibilidad. La inteligencia artificial puede ser un valioso soporte para la labor del juez, mas no su sustituto, en una relación de colaboración que recién empieza».
Para finalizar, quisiera compartir una conferencia de D. Manuel Marchena, Presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. El Sr. Marchena señala que la jurisprudencia es cambiante, por ejemplo, para adaptarse a las circunstancias sociales, y que los algoritmos limitarían esa facultad de la Administración de Justicia. Pensemos que los algoritmos no tienen, al menos, por el momento, capacidad para interpretar el derecho, tan sólo lo aplican en base a los antecedentes de otros casos, o sea, a la jurisprudencia.
También quisiera compartir el tráiler de «Justicia Artificial». La película juega con la idea de que los jueces españoles sean sustituidos por un programa (Thente) desarrollado en base a la inteligencia artificial. Es interesante, pues revela la fragilidad del sistema judicial y la amenaza que encierra cualquier sistema de algoritmos, al depender de quién lo ha ordenado y definido.
