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JAVIER CASAL TAVASCI

Medidas de control empresarial. Licitud y eficacia

Caso real:

Trabajadora que se dedica al comercio al por menor por cuenta ajena. Para su uso en jornada laboral y para desempeñar su trabajo emplea un coche de empresa. La trabajadora firma un documento en el que se le advierte que “el vehículo es asignado para su uso en jornada laboral y para desempeñar su trabajo diario (…) y, asimismo, que su vehículo dispone de un dispositivo de localización por GPS para garantizar la seguridad y coordinación de los trabajos”.

La trabajadora es despedida estando en situación de incapacidad temporal por contingencia común. La empresa alega causas disciplinarias: indisciplina o desobediencia en el trabajo [artículo 54.2.b) ET] y transgresión de la buena fe contractual, así como abuso de confianza en el desempeño del trabajo [artículo 54.2.d) ET].

En la carta de despido, la empresa señala que “a pesar de la prohibición del uso del vehículo para fines ajenos a la actividad laboral y su situación de enfermedad, el sistema de geo-posicionamiento (GTA) con el que está dotado su vehículo ha registrado una utilización intensa del mismo durante el fin de semana previo a su baja médica, así como durante la misma, habiéndose registrado hasta el día 21 del corriente mes de abril un total de 1.935,21 km. recorridos, contraviniendo la autorización de uso y, posiblemente, perjudicando su recuperación médica. Se acompaña informe de utilización del vehículo con expresión de las fechas y tiempos de utilización, distancias recorridas velocidades máximas alcanzadas, algunas de ellas superando la velocidad máxima legal”.

La trabajadora recurre su despido y el caso llega al Tribunal Supremo, quien resuelve el recurso de casación para unificación de doctrina que contiene, como único punto de casación, la cuestión del tratamiento de los datos obtenidos con el GPS, para lo cual invoca, como sentencia contradictoria, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 12 junio 2017 (rollo 115/2017). La sentencia del Tribunal Supremo es la número 766/2020 de la Sala de lo Social de 15 de septiembre de 2020 (recurso 528/2018). Al final del artículo les dejo el texto completo de la sentencia.

En otros, la trabajadora invoca el derecho a la protección de los datos de carácter personal, que deriva del artículo 18.4 de la CE, con cita de las STC 254/1993 y 254/2000, en las que se advierte que dicho derecho fundamental atribuye «un haz de facultades consistentes en diversos poderes jurídicos, cuyo ejercicio impone a terceros deberes jurídicos que no se contienen en el derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE) y que sirven a la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros los mencionados deberes de hacer. A saber: el derecho a que se requiera el previo consentimiento para la recogida y uso de los datos personales, el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de esos datos y el derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos datos. En definitiva, el poder de disposición sobre los datos personales».

La interrelación entre las exigencias del respeto a la protección de datos y la eventual invasión de la intimidad del trabajador se ha abordado particularmente en relación con el uso de los medios informáticos. Antes de poner en uso dichos medios, la empresa debe de haber establecido las bases para su uso e informar a los trabajadores que se va a proceder «al control de los medios a aplicar en orden a comprobar su correcto uso, así como las medidas a adoptar para garantizar la efectividad laboral del medio informático cuando fuere preciso» (STS/Sala 4ª de 8 de marzo de 2011 –rcud. 1826/2010– y STS/Sala 4ª/Pleno de 6 de octubre de 2011 –rcud. 4053/2010–).

El conocimiento anticipado por parte del trabajador de que puede ser objeto de fiscalización por el empresario legitimará el acto de injerencia en los sistemas e instrumentos puestos a su alcance por la empresa para la cual trabaja. 

La sentencia, cuyo estudio nos ocupa, pone de relieve que los datos obtenidos por el GPS se refieren “únicamente a la ubicación permanente del vehículo, sin que permita captar circunstancia alguna de sus ocupantes”, siendo un vehículo de empresa, cuyo uso quedaba restringido a la jornada laboral. Dicha medida responde a los principios de idoneidad, proporcionalidad e intervención menos lesiva para el trabajador, que inspirarán la implantación de cualquier medida de control empresarial.

Con la implantación masiva del teletrabajo es habitual la instalación de programas de control como Kikidler, Hubstaff, DeskTime, Teramind o Time Doctor que permiten monitorear la actividad de los trabajadores durante la jornada laboral. Hay herramientas más invasivas que otras, como aquellas que permiten acceder a la cámara web de los dispositivos o realizar capturas de pantalla a discreción del empleador. Todas ellas son herramientas legales, pero no por ello hay que dejar de informar a los trabajadores acerca de su implantación y alcance como medidas de control empresarial.

La moraleja es que una política de protección de datos sobre medidas de control empresarial bien elaborada, e informada con carácter previo, le ahorrará al empleador más de un disgusto. 

Texto sentencia:

STS 15_09_2020 _RCUD 528-2018

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