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JAVIER CASAL TAVASCI

Proyecto Tracker

Me atrevo a decir que todos conocemos a alguien que de adolescente se sacaba unos “dinerillos” trabajando como repartidor y, normalmente, era en Telepizza.

Este blog versa sobre protección de datos, lo sé, pero no puedo evitar criticar las condiciones laborales de los repartidores, que están mal pagados, sobreexplotados y obligados a arriesgar su integridad física, yendo en moto o en bicicleta y a toda prisa para cumplir con los plazos de entrega y realizar un número mínimo de pedidos al día, porque si no su sueldo no es digno.

En la actualidad, a Telepizza se le ha complicado el panorama por la competencia de plataformas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats o Stuart que, en vez de contratar al personal, funcionan con autónomos o, mejor dicho, con falsos autónomos (ojalá el Tribunal Supremo unifique pronto la doctrina de los distintos Tribunales Superiores de Justicia y condene a estas plataformas por el abuso que hacen de “su” personal).

El motivo de este artículo es la reciente Sentencia de la Sala de lo Social, de la Audiencia Nacional, de 6 de febrero de 2019, dictada en el procedimiento 338/2018, de la que tanto se habla estos días en los medios de comunicación, para algarabía de los sindicatos promotores de la demanda (U.G.T. y CC.OO), aunque no hay motivos para tanta celebración.

El denominado “Proyecto Tracker” de Telepizza obligaba al trabajador a pagar de su bolsillo un teléfono móvil con conexión a Internet para aportarlo a la actividad empresarial con el objetivo de realizar un seguimiento de sus rutas a través del sistema de geolocalización, mediante una App que la empresa había creado al efecto y que el trabajador debía instalar en su Smartphone. En teoría, a través de esta App, eran los clientes los que hacían el seguimiento de sus pedidos, pero la realidad es que se imponía como media de control por parte de la empresa.

Telepizza es condenada, básicamente, por dos razones: la primera, por obligar al trabajador a tener que realizar un desembolso para comprar un teléfono móvil determinado que era aportado, en cierta manera, a la actividad empresarial y, la segunda, porque el empleador si quiere implantar como medida de control el sistema de geolocalización debe proporcionar antes a los trabajadores o, en su caso, a sus representantes legales, la información a que se refieren los artículos 12 y 13 del RGPD y 11 y 90 de la LOPDGDD.

Lo peor del caso, es que es la propia sentencia la que le da la solución a la empresa, pues abre la puerta a que se implante el sistema de geolocalización, cumpliendo las exigencias legales antes referidas, que son fáciles de cumplir, pero, eso sí, en vez de obligar al trabajador a comprar un teléfono móvil determinado, la sentencia le sugiere a la empresa que adquiera e instale sistemas alternativos como, por ejemplo, una pulsera con GPS que el trabajador debe portar durante su jornada laboral. Ahora me dirán Uds. si eso no invade, gravemente, la privacidad e intimidad del trabajador. Personalmente me recuerda mucho a las Unidades de seguimiento móvil para el control de internos, que se implanta a los condenados con penas de localización permanente.

Dejando aparte mi vena laboralista, que tengo como abogado, y volviendo al tema de la protección de datos, la sentencia critica que la App creada por Telepizza obligue al trabajador a desvelar, necesariamente, datos personales como su número de teléfono móvil o su dirección de correo electrónico. 

Las condiciones laborales de los repartidores, sobre todo de “comida rápida”, nunca han sido dignas y sé que este asunto entra, con calzador, en la temática de este blog, pero no podía dejarlo pasar sin dar mi opinión y mostrar mi indignación porque las condiciones de este colectivo son tercermundistas.

Actualización importante (12.05.2021)

Se publica en el B.O.E. el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.

El artículo único modifica el Estatuto de los Trabajadores, introduciendo un cambio en el artículo 64 relativo a los derechos de información y consulta de la representación legal de las personas trabajadoras

El RDL 9/2021 introduce la letra d) en el apartado 4 del artículo 64 del ET. De forma que el Comité de empresa tiene derecho «ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles». La regulación de los algoritmos de las plataformas digitales es una reivindicación incluida en el informe de la Organización Internacional del Trabajo denominado “Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo-2021” que pueden consultar aquí, tras constatar la creciente presencia en el mercado de estas empresas y su alta influencia en la regularidad del trabajo, los ingresos y la negociación colectiva.

La norma también añade al Estatuto de los Trabajadores una nueva disposición adicional, la vigésimo tercera, que establece la presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas de reparto, trasladando al ordenamiento la jurisprudencia reciente que declaró asalariados a los repartidores de la empresa Glovo; de modo que reproduce los criterios y parámetros establecidos por el Tribunal Supremo en la STS 805/2020, de 25 de septiembre.

Por tanto, se presume incluida en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía por parte de compañías empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital. 

La norma se cierra con una disposición sobre título competencial y la entrada en vigor en el plazo de tres meses desde la publicación en el B.O.E.

Actualización (22.09.2020)

El Tribunal Supremo sentencia, por primera vez, que los riders son falsos autónomos:

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/23/economia/1600865248_225584.html

Actualización (23.01.2020)

https://elpais.com/economia/2020/01/23/actualidad/1579792836_324982.html

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