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JAVIER CASAL TAVASCI

Legalidad de las grabaciones a docentes y alumnos

Hay docentes que abusan de su autoridad. No serán muchos, pero los hay. Algunos incurren en situaciones de «acoso docente», que es aquel que se manifiesta contra determinados alumnos mediante trato desigual, desprecios o humillaciones. 

Al igual que existe el acoso docente, existe el acoso al docente, que se ve amplificado por el uso de los teléfonos móviles y las redes sociales. Por suerte, ambos supuestos son excepcionales. Frente a estas situaciones, algunos plantean la posibilidad de grabar las clases y retransmitirlas online.  

Durante la pandemia se generalizó la retransmisión de las clases online. Bajo aquellas circunstancias excepcionales, la posibilidad de grabar las clases cumplía el juicio de idoneidad (la medida adoptada era susceptible de conseguir el objetivo propuesto, que era impartir las clases), el juicio de necesidad (la medida era necesaria, en el sentido de que no existía otra más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia) y el juicio de proporcionalidad (la medida era equilibrada o ponderada, por derivarse más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto). Aún cumpliéndose dichos requisitos o condiciones, la necesidad de grabar las clases no dispensa a la Dirección del centro de informar a los afectados sobre el tratamiento de sus datos personales con precisión y claridad.

En circunstancias normales no estaría justificado grabar las clases y retransmitirlas online, toda vez que podríamos atentar contra derechos fundamentales de los docentes y los alumnos, como el derecho a la intimidad y a la propia imagen, consagrados en el artículo 18 de la Constitución

Si la grabación se lleva a cabo por el personal docente, por ser necesaria para el ejercicio de la función educativa, encontrando amparo en el artículo 6.1.e) del RGPD, el acceso a la grabación se limitará a dicho personal y a los alumnos que hayan participado en la actividad de que se trate, como exámenes o exposiciones en público, sin que pueda ser utilizada para otros fines, como su divulgación pública a través de redes sociales o servicios equivalentes, que requeriría del consentimiento expreso del menor (mayor de 14 años) o sus representantes legales (menores de 14 años) de conformidad con el artículo 92 de la LOPDGDD.

El uso de metodologías que incorporen tecnologías de la información y la comunicación está avalado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, concretamente, por su artículo 111 bis apartado 5 que dispone lo siguiente: «Las Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros promoverán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje. Las Administraciones educativas deberán establecer las condiciones que hagan posible la eliminación en el ámbito escolar de las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red. Se fomentará la confianza y seguridad en el uso de las tecnologías prestando especial atención a la desaparición de estereotipos de género que dificultan la adquisición de competencias digitales en condiciones de igualdad».

Ahora, pongamos por caso que unos padres graban una tutoría con un docente, ante la sospecha de malas acciones por su parte. Cuando una persona graba su conversación con otra persona no vulnera ningún precepto constitucional, siempre que no se registren conversaciones personales o familiares o en perjuicio de terceros (Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 517/2016, de 14 de junio de 2016). Si el uso de la grabación se limita al ámbito privado no se requiere consentimiento. No obstante, si se quiere divulgar o publicar el contenido de las grabaciones es indispensable recabar el consentimiento de todos los afectados.

La utilización en el proceso penal de grabaciones de conversaciones privadas grabadas por uno de los interlocutores no vulnera el secreto de las comunicaciones ni la intimidad personal, salvo casos excepcionales en que el contenido de la conversación afectase al núcleo íntimo de la intimidad personal o familiar de uno de los interlocutores, por ejemplo, porque se desvelen datos íntimos referidos a creencias ideológicas, personales o de salud. Las grabaciones tampoco vulneran el derecho a no declarar contra uno mismo, cuando se han realizado en el ámbito particular (Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 360/2020, de 1 de julio).

Advertirles que quien graba una conversación ajena, sin consentimiento de los interlocutores, atenta contra el derecho de éstos al secreto de las comunicaciones, reconocido en el artículo 18 apartado 3 de la Constitución. Dicha acción se sanciona como delito de revelación de secretos en el artículo 197 y siguientes del Código Penal.

Conclusión

Las escenas de acoso se pueden grabar, siempre que el afectado esté presente, al amparo del interés legítimo con vocación de prueba en un procedimiento administrativo, disciplinario o judicial. Lo que no cabe son grabaciones indiscriminadas ni la publicación de su contenido sin el consentimiento de los implicados.

En ocasiones, se difunden las imágenes de dichas escenas en los medios de comunicación, al amparo de la libertad de información y prensa, si bien debe preservarse la imagen tanto de la víctima como la de los posibles acosadores para evitar las «penas de telediario».

Cuesta entender las razones que conducen a un alumno a acosar a otro. Igualmente, cuesta entender que lo haga un docente. Quizá arrastran sus frustraciones hacia el alumnado o pretender imponer el control de la clase abusando de su autoridad. No hay justificación posible. Los alumnos van a clase a ser educados, no a ser humillados. Si quieren saber más sobre el acoso escolar hagan clic aquí. Y si quieren ampliar la información referida a centros docentes, les dejo enlazados los siguientes artículos:

Centros docentes y Protección de datos (Parte I)

Centros docentes y Protección de datos (Parte II)

Centros docentes y Protección de datos (Parte III)

 

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