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JAVIER CASAL TAVASCI

Legalidad de las grabaciones a docentes

En contadísimas ocasiones, hay docentes que ejercen mal su autoridad, incurriendo en situaciones de acoso docente, que es aquel que se manifiesta contra determinados alumnos mediante trato desigual, desprecios o humillaciones. Seguidas de las agresiones de tipo verbal, se encuentran las agresiones físicas y las de tipo social. Con menor frecuencia, se producen casos graves de acoso, como son los de tipo sexual. El tipo de conducta o agresión cometida hacia el alumno dependerá de la personalidad del docente acosador.

Cuesta entender las razones que conducen a un docente a situaciones de acoso, quizá arrastran sus frustraciones hacia el alumnado o tienen miedo a perder el control de la clase. En cualquier caso, no existe justificación. Los alumnos van a clase a ser educados y no a ser humillados. Las denuncias de este tipo de situaciones son contadas por miedo a las represalias.

Al igual que existe el acoso docente, existe el acoso al docente, que se ve amplificado por el uso de los teléfonos móviles y las redes sociales. Por suerte, ambos supuestos son excepcionales. Frente a estas situaciones, algunos plantean la posibilidad de grabar las clases y retransmitirlas online.  

Durante la pandemia se generalizó la retransmisión de las clases online. Bajo aquellas circunstancias excepcionales, la posibilidad de grabar las clases cumplía el juicio de idoneidad (la medida adoptada era susceptible de conseguir el objetivo propuesto, que era impartir las clases), el juicio de necesidad (la medida era necesaria, en el sentido de que no existía otra más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia) y el juicio de proporcionalidad (la medida era equilibrada o ponderada, por derivarse más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto). Aún cumpliéndose dichos requisitos o condiciones, la necesidad de grabar las clases no dispensa a la Dirección del centro de informar a los afectados sobre el tratamiento de sus datos personales con precisión y claridad.

En circunstancias normales no estaría justificado grabar las clases y retransmitirlas online, toda vez que podríamos atentar contra derechos fundamentales de docentes y alumnos como el derecho a la intimidad y a la propia imagen, consagrados en el artículo 18 de la Constitución. Por ello, para grabar las clases se requiere el consentimiento de todos y cada uno de los afectados, esto es, de los docentes y alumnos (si son menores de 14 años se requiere el consentimiento de los padres o tutores). En todo caso, las grabaciones deben responder a una o varias finalidades y deben estar amparadas en alguno de los supuestos que establece el RGPD en el artículo 6 apartado 1.

Si la grabación se lleva a cabo por el personal docente, que puede ser conveniente o incluso necesaria para el ejercicio de la función educativa, encontrando amparo en el artículo 6.1.e) del RGPD, el acceso a la grabación se limitará al personal docente y a los alumnos participes, sin que pueda ser utilizada para otros fines, como su divulgación pública, a través de redes sociales o servicios equivalentes, que requeriría del consentimiento expreso del menor (mayor de 14 años) o sus representantes legales (menores de 14 años) de conformidad con el artículo 92 de la LOPDGDD.

El uso de metodologías que incorporen tecnologías de la información y la comunicación está avalado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que en su artículo 111 bis apartado 5 dispone lo siguiente:

«Las Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros promoverán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje. Las Administraciones educativas deberán establecer las condiciones que hagan posible la eliminación en el ámbito escolar de las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red. Se fomentará la confianza y seguridad en el uso de las tecnologías prestando especial atención a la desaparición de estereotipos de género que dificultan la adquisición de competencias digitales en condiciones de igualdad».

Pongamos por caso que unos padres graban una tutoría con un docente. El interés legítimo de la persona que realiza la grabación lo constituye su preocupación en lo referente a la educación de su hijo. En tal caso, el consentimiento no sería un requisito previo para poder realizar el tratamiento de datos personales cuando la grabación se realiza. Cuando una persona graba su conversación con otra persona no vulnera ningún precepto constitucional, siempre que no se registren conversaciones personales o familiares o en perjuicio de terceros. Si el uso de la grabación se limita al ámbito privado no se requiere consentimiento. No obstante, si se quiere divulgar o publicar el contenido de las grabaciones es indispensable recabar el consentimiento de los afectados.

Volviendo a la situación de acoso (escolar o docente) se podría grabar tal situación, siempre que el afectado esté presente y sea participe de la situación, al amparo del interés legítimo con vocación de prueba en un procedimiento administrativo, disciplinario o judicial. Lo que no cabe son grabaciones indiscriminadas, ni la divulgación o publicación de las mismas. En caso de recabarse pruebas, deben limitarse a ponerlas a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de la autoridad judicial.

La utilización en el proceso penal de grabaciones de conversaciones privadas grabadas por uno de los interlocutores no vulnera el secreto de las comunicaciones ni la intimidad personal, salvo casos excepcionales en que el contenido de la conversación afectase al núcleo íntimo de la intimidad personal o familiar de uno de los interlocutores, por ejemplo, porque se desvelen datos íntimos referidos a creencias ideológicas, personales o de salud. Las grabaciones tampoco vulneran el derecho a no declarar contra uno mismo, cuando se han realizado en el ámbito particular (Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 360/2020, de 1 de julio).

Quien graba una conversación de otros atenta contra el derecho al secreto de las comunicaciones reconocido en el artículo 18.3 de la Constitución; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado (Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 517/2016, de 14 de junio de 2016).

Si quieren ampliar la información referida a centros docentes dejo enlazados los siguientes artículos:

Centros docentes y Protección de datos (Parte I)

Centros docentes y Protección de datos (Parte II)

Centros docentes y Protección de datos (Parte III)

 

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